México. La salud en los tiempos de AMLO.

Ningún experto en políticas públicas en salud en México desconoce lo que recientemente acepto el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero ante el pleno del Senado de la República, a saber, que el Sistema Nacional de Salud actual esta “desquebrajado”. Esta verdad no es un descubrimiento sorprendente, sino una palpable realidad para millones de mexicanos que, día a día, acuden a clínicas y hospitales del sistema público de salud y reciben una atención que dista mucho de ser adecuada, incluso, bajo estándares regulares de calidad y, no digamos, niveles de alto nivel que pudiéramos comparar con países del llamado “primer mundo”. Carencia de medicinas y personal, trato poco amable y apresurado, saturación de pacientes… son solo algunos de los problemas que, desde hace más de 12 años, enfrenta de forma crítica el ineficaz sistema público de atención en salud en nuestro país.

 

Existe muchísima evidencia numérica que es triste y vergonzoso citar sobre el funcionamiento del andamiaje que pretende “garantizar” el derecho a la salud en México: población sin acceso a servicios médicos, médicos por cada 1,000 habitantes, número de médicos especialistas por área en el país, defunciones al año por enfermedades prevenibles, incidencia y morbimortalidad de la población mexicana por cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedades congénitas, enfermedades “raras” (como se ha dicho de algunas ya nada raras como la fibrosis quística), malnutrición, cirrosis hepática y otras, el sueldo que reciben los médicos, las horas que laboran por turno, el importe de los descuentos que se les aplica a esos mismos médicos, residentes médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, cantidad de médicos que son asesinados, “levantados”, agredidos, extorsionados y lesionados por el crimen en todas sus modalidades, lo mismo en poblados rurales que en ciudades pequeñas y grandes en todo el territorio nacional, el incremento anual en el costo de los medicamentos de patente, el costo anual de los llamados “gastos catastróficos” que destruyen la economía de las familias cuando tienen el infortunio de enfrentar la enfermedad de alguno de sus miembros, el importe económico de la corrupción en las compras de medicamentos e insumos en el IMSS, el ISSSTE, PEMEX y el Seguro Popular, modelo de atención, este último, bastante rescatable en materia de medicina preventiva…

 

Y así podríamos citar infinidad de datos de contraste que lo mismo generan vergüenza que ira; el importe del costo de las campañas políticas en el país, el importe de la fiesta de toma de posesión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el importe de la renta por el resguardo del avión presidencial que el expresidente Enrique Peña Nieto compró en su sexenio, el importe de la pérdida de dinero público tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la construcción y/o adaptación de sus sustitutos en Santa Lucía y Toluca, los costos increíbles del robo a Petróleos Mexicanos por el “huachicoleo” y las ganancias inmensas generadas por este…

 

En fin, cientos de cifras y datos que dejan testimonio de la falta de rumbo claro en las Políticas Públicas del Gobierno de uno de los principales países de América Latina y que ha resultado saqueado por mexicanos de toda clase, desde políticos profesionales, hasta humildes habitantes de poblaciones aledañas a los ductos de PEMEX que participan del robo de combustibles, so pretexto de vivir en un mundo sin dinero ni oportunidades, aún a costa de su propia vida. Empresarios pequeños, medianos y grandes, burócratas, hombres de campo y de ciudad, y en general, todo tipo y clase de habitantes en el país, han participado de alguna forma, activa o pasiva, en el saqueo a la Nación.

 

Pero más allá del saqueo y la corrupción que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a combatir y de la política de ahorro institucional, austeridad republicana, que ha establecido como cuestionable herramienta de eficiencia del aparato gubernamental a su cargo, en materia de Políticas Públicas en Salud, el panorama aún se aprecia nuboso, sin estrategia o rumbo claro.

 

El ahora Presidente de la República vendió a los electores un plan de gobierno eficaz y eficiente, basado sustancialmente en el combate a la corrupción que impacta las finanzas públicas, razón por lo cual ha elegido, aparentemente, a funcionarios leales y honestos para construir las estrategias de gobierno que integran su Plan Nacional de Desarrollo. Con esto como base, busca rescatar los recursos financieros que en el pasado se escurrían por las grietas en el sistema gubernamental creadas por la corrupción impulsada por los funcionarios públicos y que impedía nutrir las áreas estratégicas del desarrollo social y económico del país, afectando a la población mas vulnerable, la más pobre y abandonada.

 

Con esos recursos rescatados, ha comenzado la distribución a los pobres, al puro estilo del legendario Robin Hood, del dinero que, en otro tiempo, enriquecía a unos cuantos en el país; es a través de becas, estímulos y otros mecanismos similares que esos recursos recuperados están alcanzando a “quienes mas los necesitan”. Aunque la maniobra se antoja noble y justiciera, ciertamente no posee características de política pública eficaz y eficiente en virtud de que engrosa el gasto y no la inversión, mecanismo, este último, por el cual el dinero se sigue produciendo con un riesgo mucho menor de causar insolvencia; resultado mínimo de esta política es el aumento del desempleo y la dependencia de enormes sectores de la sociedad del dinero público, tal y como ocurrió en la época dorada del periodo gubernamental priista, aquel que obsequiaba dinero, casas, empleos, estufas y toda clase de bienes y servicios, a cambio de lealtad electoral.

 

En materia de políticas públicas en salud, el modelo de actuación del actual gobierno es similar. Pero para comprender los aspectos mas determinantes del estado que guarda el Sistema de Salud en México tenemos que conocer lo suficiente de la evolución histórica del mismo en el país.

 

Desde su creación, el Sistema de Salud del país surgió como una prestación inequitativa para la población.

 

Resultado de una larga lucha de los trabajadores por garantizar su derecho a la atención médica y protección económica derivada de accidentes de trabajo, es que el 19 enero de 1943 surge la Ley del Seguro Social de donde se deriva la estructura operativa del Instituto Mexicano del Seguro Social sustentado por la aportación económica de trabajadores, patrones y Estado. En respuesta, y ante la falta de cobertura entre los empleados del Estado, surge el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el 30 de diciembre de 1959; los servicios médicos de PEMEX y las fuerzas armadas surgen con igual intención: la de atender a sus empleados en el marco de sus relaciones obrero-patronales. Juntos, estos sistemas atienden alrededor del 89.5 % de la población, lo que ha impactado en la mortalidad general y la cronicidad de padecimientos que, con medidas prontas y efectivas, podrían reducir su duración y complicaciones, tales como los derivados de la obesidad, la diabetes, y la hipertensión. En muchos casos, ciertas enfermedades, prácticamente, no son atendidas por estas instituciones de salud. Según datos del CIEP, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, pese a la aparente gran cobertura, los tiempos de espera son tan prolongados que la cobertura médica efectiva para la población es tan solo del 18 % en promedio, con una percepción de calidad en los resultados de apenas un 18.9 %.

 

Una característica general de la atención en el Sistema de Salud en México es su carácter de manejo correctivo en vez de manejo preventivo.

 

Es el mismo CIEP quien estima que el gasto en salud en México se ocupa en un 90 % de la atención de enfermedades crónico-degenerativas con un gasto mínimo en la prevención de estas enfermedades. La legislación en materia de autocuidado, prevención de enfermedades y atención de nuevos casos es laxa en cuanto a la responsabilidad que tienen los ciudadanos en el cuidado de su propia salud y la de sus familias. Asimismo, existe una complicada red de interéses que impide la claridad sobre la responsabilidad empresarial e industrial en la génesis de las enfermedades y su contribución a reducir la incidencia de padecimientos entre la población general y los consumidores de productos y servicios.

 

En una síntesis adelantada, podemos afirmar que las medidas de atención al problema de la salud pública en México van más allá de acabar con la corrupción en el sector e inyectar recursos económicos a una estrategia que, por décadas, ha resultado fallida.

 

Muchos analistas han esperado la presentación de un plan coherente, inteligente, estratégico y con objetivos claros sobre la Política Pública en Salud en el sexenio que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, múltiples acciones han puesto en duda la eficacia, no las buenas intenciones, del Secretario de Salud Federal, Dr. Jorge Alcocer Varela. Desde su nombramiento como Secretario Federal, ha impulsado la mejora salarial de los médicos del sistema, sin decir nada sobre el plan para dar certidumbre jurídica y laboral a esos mismos médicos, ni sobre como se resolverá la falta de especialistas que el país requiere y como se integrarán los médicos en formación al mercado laboral público. En este sentido, es penoso afirmar que los nuevos profesionistas, médicos, enfermeras y técnicos en salud se integran actualmente a un entorno laboral donde predominan las carencias materiales y de infraestructura, los salarios insuficientes y con frecuencia poco dignos y la explotación laboral, lo que reduce la calidad del servicio al usuario final. Mucho de esta problemática radica, por cierto, en la voracidad de las instituciones educativas públicas y privadas por formar profesionistas en salud ignorando intencionadamente las necesidades del país y la demanda especifica de trabajadores, sobre todo ante un presupuesto federal para nóminas reducido y desordenado y un imperante ambiente de inseguridad social que impide desplazar a personal a las zonas de mayor necesidad en las áreas rurales del país, motivo que determina la concentración de profesionistas en salud en las grandes áreas urbanas.

 

Nadie ignora la máxima del Presidente López Obrador de que “la gente sabe de todo, el pueblo es sabio”.

 

En ese plano de pensamiento, se ha sometido el Plan Nacional de Desarrollo y sus estrategias relativas a la salud a la opinión del pueblo a través de consultas públicas, las cuales iniciaron en el Estado de Guerrero en febrero de este año, encabezadas por el Secretario Estatal de Salud, Carlos de la Peña Pintos, responsable del Eje de Bienestar del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno en el Estado. Si bien esta clase de democracia luce populista y electorera, dista de encaminarse hacia la confección de un programa estructurado, coherente, basado en el análisis critico del modelo actual del sistema y del análisis de fallas de este, que debe caracterizar a una metódica Política Pública. El pueblo puede ser sabio, pero su falta de capacidad administrativa ha impedido que puedan prosperar modelos de autogobierno y cooperación comunitaria, incluso en microambientes urbanos. Podemos citar aquí los fracasos numerosos de muchas comunidades en el país donde han sido los mismos habitantes quienes han atentado contra la paz y la estabilidad de sus propios miembros basados en sus costumbres y tradiciones y donde se han violentado los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos.

 

Por otra parte, atribuir la confección de una política pública a la opinión del pueblo le resta responsabilidad al Gobernante, puesto que este solo se convierte en el ejecutor de la voluntad popular; si algo falla, la culpa no será de él sino del pueblo que decidió su actuación; una versión políticamente conveniente de la muerte del Comendador de Fuenteovejuna, la obra del gran dramaturgo español Lope de Vega.  

 

Es evidente hasta ahora la falta de eficacia planificadora del gabinete en salud del Presidente Andrés Manuel López Obrador. En conclusión, ¿Cuáles son las respuestas concretas en los temas siguientes?

 

  1. ¿Cuáles son los objetivos específicos del Plan Nacional de Desarrollo en Salud en una línea de tiempo?

 

  1. ¿Cuál es la política laboral que predominará en relación con todos los trabajadores del sector salud en el país?

 

  1. ¿Qué determinará la formación de recursos de profesionales en salud?

 

  1. ¿Cuál es la estrategia de fortalecimiento de la medicina preventiva en México?

 

  1. ¿Cuál es la participación regulada de los individuos y la iniciativa privada en el cuidado de la salud y la detección temprana de enfermedades?

 

Falta mucho por decir y mucho más por hacer. Cierto que falta dinero y sobran buenos deseos para mejorar la atención médica en el país; también sobran las promesas políticas y los ciudadanos necesitados en creer en ellas. Y en salud pública, falta una estrategia y un responsable que conduzca con sentido, la administración pública hacia el establecimiento de un Sistema Nacional de Salud incluyente y funcional en beneficio de TODOS los mexicanos sin distinción de ninguna clase. Eso si es construir para la paz nacional.

 

 

Dr. Sergio García-López, médico, periodista y analista de los sistemas de salud

Mail sergio.garcialopez@integraenlinea.com

Twitter @sergio_untradio

www.sergiogarcialopez.com.mx

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